Última actualización el 3 de septiembre de 2025
Lanzarote, 03/09/25 – La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha vuelto a obtener la máxima calificación (10 sobre 10) en el Índice de Transparencia del Comisionado de Transparencia de Canarias, consolidando así su compromiso firme con la transparencia institucional.
Este reconocimiento se enmarca en el proceso de evaluación que realiza el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, y en el que la Cámara ha sido valorada de forma continua durante los últimos cuatro años. En los dos últimos ejercicios más recientes, la institución ha alcanzado la puntuación más alta posible, reflejando una clara línea de trabajo orientada a la mejora continua y a la rendición de cuentas.
En esta edición, la Cámara ha destacado especialmente en las áreas de publicidad activa, donde ha obtenido la máxima puntuación, y en el indicador de transparencia voluntaria, lo que demuestra no solo el cumplimiento de las obligaciones legales, sino también una voluntad proactiva de ofrecer información clara, accesible y actualizada a la ciudadanía.
Además, la evaluación técnica realizada ha valorado muy positivamente aspectos como la ubicación de la información en la web institucional, su accesibilidad, y la estructura clara y comprensible de los contenidos, cumpliendo con los estándares más exigentes del marco de transparencia autonómico.
El presidente de la Cámara de Comercio, José Valle Martínez, ha subrayado que «con esta valoración del Comisionado de Transparencia de Canarias revalidamos el reconocimiento por el esfuerzo en la comunicación que siempre han caracterizado a esta institución».
Este nuevo hito refuerza la línea estratégica de la institución, alineada con los más altos estándares de buen gobierno, integridad y rendición de cuentas. La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa continúa posicionándose como un referente en materia de transparencia dentro del ecosistema institucional canario, demostrando que la apertura informativa no solo es una obligación legal, sino una herramienta clave para generar confianza, fomentar la participación y fortalecer la calidad democrática.
